2010: ¿el riesgo latente?

Goya: Los fusilamientos del 3 de mayo

 

 2010 no pinta bien. Las primeras dos semanas del año nos recibieron con un clima miserable, aumento de impuestos, un terremoto a mil 500 kilómetros de nuestras costas y, por si fuera poco, la noticia de la pérdida repentina de una parte fundamental de nuestra mexicanidad -la producción cervecera- a manos de un diligente consorcio holandés. Ni hablar de las ejecuciones (eso ya no es noticia), la ignominia habitual de nuestra clase política y las conjuras que adelantan que el año de la “recuperación económica” – que no moral- y del bicentenario (así, con minúsculas) se convertirá también en el año de la revuelta.Descartando de antemano la evidente tentación sensacionalista detrás de muchas de estas predicciones, uno no puede dejar de preguntarse hasta cuándo las frágiles redes de seguridad que previenen la radicalización lograrán evitar un escenario de violencia sistemática con fines políticos -y que podría dirigirse eventualmente a objetivos civiles-. Un escenario que, siendo sinceros, ningún mexicano en su sano juicio se sentiría feliz de experimentar.

A propósito de este tema traigo a colación el excelente artículo publicado el 14 de enero por Lorenzo Meyer: un análisis puntual de los factores que pueden desatar -o diluir- el fantasma que ronda los círculos de opinión, que han tenido a bien bautizarlo con el aciago nombre de “estallido social” – mejor conocido como la versión revolucionaria de “El Coco”-. Retomando textualmente el texto de Meyer, “el descontento generado por el deterioro de las condiciones materiales de vida puede no traducirse de inmediato en protestas callejeras, golpes de Estado o triunfo de la Oposición, pero con el correr del tiempo la sociedad tiende a pasar la factura política de su descontento”. Nadie podría cuestionarse ya que, eventualmente, la sociedad mexicana pasará su propia factura a la clase gobernante. La pregunta crucial es, ¿qué tan costosa será?

Mi predicción (o exceso de wishful thinking, si prefieren) es que, a pesar de lo malo que este año seguramente será, lograremos sortear los abismos del “estallido” generalizado, aunque las razones para ello no deberían ser motivo de orgullo. Me explico:

1) Cualquier intento por articular los numerosos focos de descontento presentes en nuestro país requiere de una clase media dispuesta a radicalizarse. La historia de prácticamente cualquier grupo en la lista negra de los servicios de inteligencia (llámesele EZLN, EPR o anarco-ecologistas defensores de conejitos) pasa necesariamente por una clase urbana y educada que, o bien decida tomar el asunto en sus manos, o que funja como bisagra entre el fértil, pero desorganizado, caldo de cultivo rural y los círculos intelectuales que pueden aportar una base ideológica que sirva como justificación para la violencia. Retomando a Meyer, en estos momentos los estratos sociales más bajos se encuentran demasiado ocupados con la supervivencia, mientras que la clase media -particularmente el sector joven- está obcecada en su propio -si bien ilusorio- estado de confort, entretenida -que no ocupada- en un universo de redes sociales, videojuegos, futbol y disfrute personal.

2) A pesar de la florida y violenta retórica que ejercemos hacia nuestros prójimos de manera cotidiana, el mexicano promedio desconfía del cambio radical y le teme a la confrontación directa. La “dictadura perfecta” (aunque tengo la tentación de remontarme también a la época colonial) nos enseño que, ante la opresión, la injusticia o la desigualdad, sólo existen dos opciones posibles: incorporarse al sistema, con la esperanza de brincar algún día la cerca y llegar a formar parte del establishment, o aceptar de mala gana el statu quo, confrontando -sin irritar- al poderoso en cuanto éste dé la espalda a través de infinitas formas y rituales de burla: máscaras grotescas, calaveritas en los diarios o, más recientemente, correos electrónicos repetidos al infinito denunciando la ignorancia, la insensibilidad, la estulticia o simplemente la mejor suerte de la nomenklatura: descontento sin violencia, sin organización y mediocremente apolítico. Excepciones que confirman la regla, como Acteal, Oaxaca o San Salvador Atenco, son las que en verdad deberían de preocuparnos y a las que me referiré más adelante. Baste decir que, a lo largo de nuestra historia reciente, ni siquiera aquellos líderes de masas que se han ganado- justificada o injustificadamente- la fama de “peligrosos” o despreocupados de la institucionalidad (López Obrador, sin ir más lejos) se han atrevido a invocar la violencia como mecanismo para expresar su descontento ante las instituciones políticas, no se diga para solucionar la desigualdad o reivindicar los derechos de los menos favorecidos.

Sin embargo, aunque un escenario de golpe de Estado/insurrección/guerrilla se vislumbre lejano, pecar de exceso de confianza -y particularmente en un entorno tan hostil como el que nos da la bienvenida en 2010- podría llevarnos a la desgracia. Anteriormente mencionaba dolorosas excepciones a la regla no escrita de que los mexicanos rehuimos a la confrontación violenta, y es ahí donde reside el verdadero peligro. Si hay algo que hemos aprendido de episodios como el de Oaxaca o San Salvador Atenco es que incluso la aparentemente infinita paciencia del mexicano descontento tiene límites. Y, siendo sinceros no necesitamos un pandemonium subversivo para darnos cuenta del daño que esos estallidos “espontáneos” le pueden hacer a nuestra sociedad. Un sólo episodio de violencia, regional o netamente local, es suficiente para provocar el pasmo de las autoridades, la ira de la población en general, la división de la opinión pública y, de paso, historias de horror en materia de derechos humanos que acapararán la atención de la prensa hasta que nuestra dispersa memoria colectiva y el siguiente episodio -muy probablemente más bochornoso que el anterior y a unos cuantos días de distancia- nos haga enterrar en el olvido el anterior.

A eso, me temo, ya nos hemos acostumbrado. El riesgo latente, improbable más no imposible, es que un día las circunstancias cambien y alguien se atreva a articular, con el apoyo de un reducido sector de la población, una factura que cobre décadas de injusticia, corrupción, arrogancia y, lo diré sin ambages, estupidez.

Si eso sucede, no habrá fondos suficientes para pagar una cuenta tan grande.

 

La reelección en México o por qué “Juanito” no es Ted Kennedy

El Senador Ted Kennedy en 2008. Fuente: kennedy.senate.gov

La semana pasada murió el senador demócrata Edward Kennedy, toda una leyenda política en los Estados Unidos, quien tuvo además el raro privilegio de ser reelecto en nueve ocasiones como senador por el estado de Massachusetts, lo cual le garantizó una carrera de 46 años como representante popular. Ya se ha escrito mucho sobre las cualidades de “Ted” Kennedy, a quien el Presidente Obama y prácticamente la totalidad del espectro político estadounidense le rindieron homenaje durante su funeral el sábado 29 de agosto. Retomando un comunicado de la Casa Blanca, prácticamente no hubo iniciativa sobre salud, educación y bienestar económico durante las últimas cinco décadas que no estuviera firmada, patrocinada o planteada por el senador Kennedy. No está de más decir que fue, en 2007, uno de los copatrocinadores del último gran intento por alcanzar una reforma migratoria que beneficiaría a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos de manera ilegal.

Esta misma semana, el delegado electo de Iztapalapa, Rafael Acosta “Juanito”, ha deleitado a la prensa y a los críticos de la izquierda mexicana en un torbellino de lamentables –aunque ciertamente jocosos- impromptus verbales, coqueteando con la posibilidad de no cumplir el acuerdo original que preveía su renuncia para entregarle la jefatura de la delegación con mayor presupuesto de esta Ciudad a Clara Brugada. “Juanito” es indefendible a todas luces, pero debemos aceptar – en honor a la verdad- que no constituye una anomalía de éste, nuestro sistema político que lo llevó al poder y amenaza con mantenerlo ahí.

Rafael Acosta "Juanito" Fuente: La Jornada

Escribo este ejercicio de antónimos a propósito del debate sobre la reelección en México, cuyos defensores han ganado espacio en la arena pública e incluso han logrado meterlo de lleno a la agenda política, logrando el total respaldo del PAN y el PVEM y el visto favorable de PRI y PRD, lo cual nos dice sin lugar a dudas que el tema será discutido (y, probablemente aprobado) en la recién inaugurada LXI legislatura.

Sin duda la reelección ofrece bondades que parecerían evidentes a primera vista: la profesionalización de los legisladores, ofrecer incentivos para un buen desempeño, y la posibilidad de recurrir al voto de castigo y por tanto a la no reelección de quienes no cumplan con las expectativas populares. En su defensa se han unido intelectuales, como Jorge Castañeda y Denise Dresser, representantes de la sociedad civil como Fernando Martí y la organización México Unido contra la Delincuencia, e incluso una fracción de quienes el pasado 5 de julio promovieron la anulación del voto. Es interesante notar, sin embargo, que el grueso de la población sigue siendo abrumadoramente anti-reeleccionista (de acuerdo con la última encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, casi el 70% de los mexicanos  considera que tres años es un periodo suficiente en el caso de los diputados).

Me resulta difícil tomar partido definitivo en este dilema. Sin embargo, y acogiéndome a la sabiduría popular y al contexto democrático que vivimos, me sumo a los escépticos (que no a los opositores absolutos) del movimiento a favor de la reelección. “Juanito” es tan sólo el último en una serie de eventos que alimentan mi suspicacia respecto a la perpetuación en cargos de elección. La alternancia democrática en este país es un fenómeno frágil, que podría estar en riesgo si sucumbimos de inmediato al llamado a favor de la la reelección. Aún no hemos eliminado por completo los vicios del viejo sistema, por lo cual puede ser un arma de dos filos: es cierto, puede ayudar a mejorar la rendición de cuentas pero, por otro lado, existe el enorme peligro de perpetuar en sus cargos no a aquellos gobernantes que sean eficientes en su desempeño, sino a los más hábiles en construir y sostener redes de clientelismo y patronaje que, nos guste o no, siguen teniendo un enorme peso en el México del siglo XXI.

Sí, en teoría, un político que está sujeto a un escrutinio perpetuo y al yugo de la no reelección tiene incentivos para ser más eficiente y rendir cuentas, pero esta suposición se basa en dos premisas fundamentales, a saber: 1) que el grupo de votantes detrás de dicho representante (o sus constituents, como se les conoce en la jerga política) sabe quién es ése representante ; y 2) que esos mismos votantes tendrán el interés de evaluar su trabajo a lo largo del tiempo. Ateniéndome a la misma encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, casi 60% de los mexicanos no conocen el nombre del diputado que los gobernará después del 5 de julio, y un 80% no conoce el nombre de su diputado saliente.

Los defensores de la reelección aseguran que precisamente la medida que apoyan contribuiría a generar conciencia entre el electorado y que, por tanto, en un futuro existiría mayor interés por parte de los votantes respecto al perfil y actividad de los políticos electos. Valdría la pena preguntarse, en un país donde millones de personas tienen que lidiar con asuntos relacionados más con la supervivencia que con la teoría política, si la reelección cumpliría cabalmente con este pronóstico.

A pesar de lo anterior, es ingenuo pensar que podemos volver a hacer de éste un tema tabú. Nos guste o no, el debate sobre la reelección llegó para quedarse y, dada la emoción con la que algunas fuerzas políticas parecen haber acogido la propuesta y el moméntum que parece gozar, lo más sensato es llamar a la moderación y pedir que el debate se lleve a cabo de forma diferenciada (legislativa/municipal, periodos únicos/ indefinida), siempre conscientes de que no es una panacea y que, sin medidas que soporten el entramado de la reelección, corremos el riesgo de perpetuar a un “Juanito” y no a un Edward Kennedy en su cargo.

Cédula de Identidad Ciudadana: ¿Riesgo en potencia?

Cédula de Identidad. Fuente: Paco Calderón

 El 28 de julio el Presidente Felipe Calderón anunció la creación de un documento único de identidad a nivel nacional, que vendría a “complementar” a la credencial para votar con fotografía, hoy por hoy la forma por excelencia de probar en este país que uno es quien dice ser.

Más que concentrarnos en los válidos cuestionamientos que ya han surgido alrededor de esta titánica empresa (duplicación de funciones, altos costos económicos) quisiera profundizar en un asunto que ha recibido poca atención: ¿qué nos puede enseñar la experiencia internacional sobre la creación de un documento único de identidad? Aunque son pocos, los partidarios de su adopción aseguran que países como España, el Reino Unido e Israel lo han implementado con buenos resultados. ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Qué podemos ganar o perder como país?

 Uno de los más sólidos argumentos a favor es el hecho de que permitiría reemplazar el uso de múltiples documentos, algunos de los cuales pueden falsificarse con relativa facilidad. En la India, por ejemplo, donde el gobierno central se enfrenta con la casi imposible tarea de identificar a los destinatarios de programas antipobreza en medio de un laberinto de docenas de documentos oficiales expedidos por la autoridad de cada provincia, la propuesta de una identificación única fue muy aclamada. Sin embargo, en este punto podríamos cuestionarnos si la credencial para votar con fotografía no cumple ya con esa función de facto, si bien es de sobra conocido que no nació con ese propósito.

 Ciertamente, la inclusión de ciertos datos biométricos –especialmente el patrón irrepetible que forma el iris de cada persona- en la cédula de identidad que el Gobierno Mexicano pretende poner en marcha haría del documento uno de los más seguros a nivel internacional  aunque, vale decirlo, los expertos en seguridad coinciden en que aún no hay tal cosa como un documento infalsificable. 

 Sin embargo, centrarnos en la discusión del documento per se nos distrae de una pregunta para la que también podría ser útil la experiencia internacional. Más allá de los beneficios evidentes, ¿qué riesgos entraña la creación de un instrumento único de identificación?

 El primero, y más evidente, es el surgimiento de un mercado negro de documentos originales que pueden o no ser susceptibles de alteración para servir a propósitos menos nobles. Es conocida en México la experiencia con credenciales de elector robadas que son usadas para cometer fraudes. A nivel global existe un enorme y rentable mercado donde pasaportes robados o perdidos de ciertos países, particularmente Estados Unidos y Canadá, pueden venderse por miles de dólares. Más grave aún es constatar que servidores públicos involucrados en la expedición de documentos oficiales pueden caer presa en redes de corrupción. En China, por ejemplo, donde existe un férreo control gubernamental sobre la identidad de los ciudadanos, se han documentado casos de autoridades educativas involucradas en la venta de archivos escolares, que luego son usados en robos de identidad.

 Sin embargo, lo que de verdad debería inquietarnos es la información que respalda un proyecto de este tipo. Cualquier documento único de identidad es inservible sin una base de datos contra la que pueda ser contrastado. Y eso genera una serie de preguntas ineludibles: ¿quiénes serán las autoridades responsables de compilar, ordenar y proteger la información personalísima de millones de ciudadanos? ¿quiénes tendrán acceso a la base de datos, bajo qué condiciones y qué procedimiento se seguirá en caso que se detecte una violación a la integridad de la información?

 La experiencia de otras naciones nos indica que, incluso en aquellos países que consideramos desarrollados, la seguridad de datos tan codiciados deja mucho qué desear. En octubre de 2007, una agencia gubernamental del Reino Unido envió a otra oficina de gobierno dos discos compactos que contenían una base de datos utilizada por el seguro social, con los nombres, direcciones  y cuentas bancarias de más de 25 millones de británicos. Cuando se reportó que los discos no habían llegado a su destinatario y se encontraban perdidos, se suscitó un escándalo de primer nivel que salpicó incluso al Primer Ministro. Justo un año después una computadora portátil del Ministerio de Defensa que contenía los nombres, números de pasaporte, cuentas bancarias y teléfonos de cien mil soldados fue robada, provocando la ira de la opinión pública y la clase política.

 En Israel, durante 2007, información sensible del registro de población nacional que incluía los nombres y direcciones de altos oficiales de seguridad fue publicada en línea, a la mano de cualquier cibernauta. Aunque la policía inició una investigación al respecto, tuvo que cerrarla concluyendo que simplemente “había demasiados sospechosos potenciales”.

 Desafortunadamente, los antecedentes que existen en nuestro país sobre la protección de datos confidenciales no garantizan que este tipo de incidentes podría evitarse por completo. Basta recordar que en marzo de este año, como parte de un proceso de licitación, fue publicada por error en Internet una lista de direcciones de oficinas y nombres de personal que labora en el CISEN,  además de placas vehiculares y armas utilizadas por los máximos responsables de la seguridad nacional en nuestro país. No es un caso aislado. Hace seis años, el IFE se vio involucrado en un escándalo mayúsculo cuando se dio a conocer que la empresa estadounidense Choice Point había comprado (en circunstancias que nunca se aclararon del todo) datos del padrón electoral, caso que fue cerrado en 2006  al concluir que la sustracción de información de bases de datos no era un delito grave.

 Aún asumiendo, en un escenario demasiado optimista, que la base de datos se encontraría completamente segura en manos de nuestras autoridades, ¿quién podría garantizarnos que ésta no sea usada con propósitos distintos a los que motivaron su creación?  En julio de este año, el Presidente Calderón dirigió una carta a cientos de miles de derechohabientes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para explicar las bondades de la reforma al sistema de pensiones, hecho que causó doble sospecha porque tuvo lugar poco antes de las elecciones federales. Más tarde, en plena campaña electoral, la entonces presidenta del PRI y candidata a diputada federal Beatriz Paredes utilizó información del Registro Federal de Electores para promover el voto a favor de su partido.

 Por último, e incluso si el documento fuera implementado sin contratiempos y la base de datos jamás fuera utilizada para propósitos distintos,  ¿cómo ayudará a proteger al mexicano común y corriente? ¿en verdad funcionaría como un disuasivo para lo grupos criminales? Como bien apuntan varios analistas, la existencia de un documento único de identidad en España, que es otro país frecuentemente utilizado como ejemplo, no pudo evitar los incidentes del 11-M (de hecho, dos de los involucrados poseían documentos falsos que pasaron desapercibidos para las autoridades).

 Después de constatar esta experiencia, no podemos evitar cuestionarnos ¿Qué nos espera a nosotros?

 A menos que el gobierno pueda dar respuestas a todas estas preguntas, el proyecto de la cédula de identidad corre el riesgo de convertirse no sólo en un elefante blanco, sino en uno peligrosamente radioactivo.

“Vigilar y castigar” (a la mexicana) – ¿Hacia un nuevo modelo penitenciario?

Motín en el CERESO de Gómez Palacio, Durango, 15 de agosto de 2009. Fuente: El Siglo de Durango

El viernes 14 de agosto ocurrió un motín en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 en Gómez Palacio, Durango, que dejó un saldo de 20 muertos, un incidente más que demuestra la fragilidad de nuestro sistema carcelario. Este problema no es ajeno a la opinión pública nacional e internacional.

Hace poco, el New York Times esbozó una aguda crítica al mal estado de las prisiones en nuestro país, citándolo incluso como la principal razón por la que la administración del Presidente Calderón ha roto récords de extradición hacia los Estados Unidos (247 personas en lo que va de la actual administración, comparadas con 237 durante todo el sexenio previo).

Algunas cifras sobre las cárceles en nuestro país muestran un panorama devastador:

- De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública, a septiembre del año pasado la capacidad en los penales (federales y estatales) del país era de 168 mil internos, mientras que la población total superaba los 220 mil.

- Las prisiones de 21 estados sufren de algún grado de sobrepoblación, mientras que en entidades como Nayarit, Sonora, DF y Baja California el número de internos prácticamente duplica la capacidad instalada.

- Al problema del hacinamiento se suma el de la falta de espacio para colocar a los presos por delitos federales (sólo hay seis penales federales con capacidad para 6 mil 500 reos, mientras que en todo el país hay 50 mil personas encarceladas por delitos del fuero federal) que son enviados a centros de baja y mediana seguridad, provocando incidentes como el de Cieneguillas, en Zacatecas, donde una cincuentena de reos altamente peligrosos simplemente salieron por la puerta del penal sin resistencia alguna.

- Por si fuera poco, el hecho de encerrar a los criminales no asegura que se rompan con ello las cadenas de comando y redes de complicidad. Es cada vez más frecuente escuchar que delitos como secuestros o extorsiones se planean e incluso se ejecutan al interior de las prisiones.

El resultado: un cocktail explosivo y la garantía de que, con cierta regularidad, incidentes como el de Durango serán nuevamente noticia de ocho columnas.

No hay duda que se debe revisar la operación del sistema de prisiones en nuestro país. De hecho, hay signos de que el Gobierno Federal ya transita (aunque con demasiada lentitud) por esa vía. Durante la visita a México en julio pasado del Zar Antidrogas de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, se hizo un anuncio que pasó casi desapercibido, gracias a que Kerlikoswke revivió el fantasma de la certificación durante su breve estadía. Siguiendo un modelo que ya se aplica en los Estados Unidos, en Nuevo León se implementará un programa piloto para crear “Cortes de Drogas” (Drug Courts), proyecto que luego podría ser extendido a todo México.

Las cortes de drogas fueron creadas en Estados Unidos a raíz de un fenómeno de creciente sobrepoblación penitenciaria en la década de los ochenta. Bajo este modelo, un adicto que cometa un crimen no violento (manejar bajo influencia de alguna sustancia, provocar daños en propiedad ajena, posesión de cantidades pequeñas de droga) puede no terminar tras las rejas si se somete a un estricto programa que incluye rehabilitación, comparecencias frecuentes y reparación del daño a terceros afectados, entre otros. Los resultados obtenidos en suelo estadounidense son, en general, positivos: de acuerdo con un reporte gubernamental, aquellos criminales que fueron juzgados por una corte de drogas tuvieron tasas de reincidencia hasta 30% menores que aquellos sometidos a un proceso normal, lo cual se traduce en ahorros sustanciales para el sistema de justicia en su conjunto.

Por supuesto, el programa no es perfecto y las evidencias de su eficacia en los Estados Unidos son preliminares. Además, es válido preguntar cuál sería la efectividad de implementarse en México. En un momento tan crítico en materia de seguridad, tal vez parecería un contrasentido el hecho de querer encarcelar menos –y no más-. Pero obcecarnos en cuantificar el éxito de la actual estrategia con base en cifras ascendientes de reos nos distrae de una pregunta fundamental: ¿quiénes deben estar tras las rejas? ¿Merecen un mismo trato los grandes señores de la droga que adictos que delinquen por primera vez?

Por otro lado, la implementación de cortes de drogas podría ayudarnos a romper con el modelo de las prisiones como escuelas del crimen, donde a menudo las personas que son privadas de su libertad evolucionan hacia tipos delictivos más brutales. Retomo como ejemplo este artículo de El Universal, basado en un estudio efectuado por la SSP y que nos ayuda a comprender “el genoma” del secuestrador: hombres, entre los 22 y 35 años, que comienzan su vida delictiva como asaltantes de transeúntes, que después se transforman en ladrones de autos, posteriormente casas y, por último, se integran a bandas de plagiarios, todo ello tras frecuentes entradas y salidas de centros penitenciarios, que funcionan como “puertas revolventes” con efectos perversos por todos conocidos.

Ciertamente es un tema debatible. Pero nuestra otra alternativa es permitir la inercia y dejar que el modelo penitenciario opere como lo ha venido haciendo hasta ahora, lo cual deja pocas soluciones, excepto construir nuevos penales a velocidad supersónicas (Genaro García Luna anunció que con inversión privada se construirían 12 nuevas prisiones federales para 2012, ello asumiendo que la situación económica lo permita), lo cual tampoco solucionaría per se la falta de control que hay en los penales ya existentes.

Por último, debería hacernos reflexionar el hecho de que Estados Unidos – responsable histórico del diseño e implementación de las políticas más restrictivas sobre narcóticos a nivel mundial- esté ansioso por implementar este tipo de programas “blandos” no sólo en su territorio, sino a nivel internacional. Tal vez la solución para México pueda basarse en un esquema mixto, donde las prisiones actuales sean sometidas a rigurosos controles y purga de personal corrupto al tiempo que, conforme estén disponibles, los reos federales sean trasladados a espacios construidos ex profeso, mientras nos aseguramos que sólo estén tras las rejas los criminales violentos que representen la mayor amenaza para nuestra seguridad.

Si en lugar de debatir con tanta pasión sobre un tema tan estéril como el de la pena de muerte nos dedicáramos a replantear el funcionamiento de nuestras cárceles, dentro de algunos años podríamos atestiguar cambios significativos y no absurdas promesas de campaña.

Calderón en Sudamérica (II)- México y Brasil: ¿Coexistencia o rivalidad?

El Presidente Calderón y el Presidente Lula da Silva durante la reunión del G-5, L'Aquila, Italia, julio de 2009. Fuente: La Jornada

La política exterior de México hacia América Latina ha servido históricamente para conseguir dos objetivos prácticos: el primero, equilibrar la relación con los Estados Unidos y, en segundo lugar, posicionar a México como una especie de líder “nato” en la región. El primero de ellos ha sido explícitamente elaborado por administraciones tanto príistas como panistas, ya que la diversificación es una reacción obvia, casi instintiva, a la cercanía con los Estados Unidos. El segundo es mucho más inestable, ya que a menudo se contrapone con la retórica de la hermandad y la tradición no intervencionista. En consecuencia, México oscila entre un tímido papel de “hermano mayor” latinoamericano –particularmente en Centroamérica- y el retraimiento, cuando no confrontación, hacia los países de la región.

Es en ese contexto pendular -y en el vacío de liderazgo mexicano que conlleva- en el que debemos entender las declaraciones de Felipe Calderón en Brasil, durante la segunda etapa de su gira por Sudamérica. Ante empresarios brasileños, Calderón tendió la mano al gigante del sur deslizando la posibilidad de lograr un tratado de libre comercio entre ambas naciones. Más adelante, abogó por establecer una alianza entre PEMEX y su contraparte brasileña Petrobras, que a menudo es citada en México como un modelo a seguir.

Basta decir que la factibilidad de ambas propuestas es, cuando menos, dudosa. Como lo señala la ex embajadora mexicana en Brasil, Cecilia Soto, la reticencia de los empresarios en ambos países y las restricciones legales a la colaboración que PEMEX puede emprender con empresas extranjeras tendrán como muy probable resultado que las declaraciones de Calderón se perpetúen como buenos deseos. Su verdadero significado, en todo caso, es mucho más simbólico que real. Detrás del extenso comunicado conjunto y las propuestas de Calderón se lee una aceptación tácita: ante su incapacidad para asumirse como puntero de la región, México ha aceptado la coexistencia con el renovado liderazgo brasileño, coexistencia en la que, ciertamente, confluyen muchos intereses comunes, pero también divergencias.

¿Cuál es el papel que México jugará en esta co-habitación regional? Calderón ofreció una respuesta ya conocida durante su discurso ante la Federación de Industriales de Sao Paulo, retomando la vieja idea de actuar como un “puente” entre Estados Unidos y el resto del continente. “México está exactamente en el centro del mundo”, aseguraba el Presidente mexicano, a lo que añadió que nuestro país: “…puede jugar ese factor de eslabón, entre la hoy todavía economía más poderosa del mundo, que es la de Norteamérica, con cualquier economía de América Latina, de Asia o de Europa”.

La analogía del “eslabón” es incómoda por dos razones: en primer lugar, asume que México está plenamente integrado a Norteamérica y, por tanto, puede actuar como un intermediario eficaz entre ambas regiones. La falsedad de esta premisa es más que evidente. A quince años de la entrada en vigor del TLCAN, por mencionar sólo un ejemplo, el autotransporte mexicano sigue encontrando puertas cerradas en Estados Unidos. Por otro lado, asumir de lleno el papel de mediador exime a nuestro país de tener una voz propia en asuntos que son de su interés y de reservarse el derecho de divergir tanto de Estados Unidos como de los distintos países que conforman América Latina.

Lo anterior no quiere decir que deberíamos abstenernos de forjar alianzas con tierra carioca, más bien todo lo contrario. Pero, en vez de coquetear con posibilidades remotas, la agenda debería aterrizarse en beneficio propio, atrayendo a Brasil a los temas en los que México puede ejercer un liderazgo (por ejemplo el cambio climático y en particular el Fondo Verde, flujos migratorios legales y seguros o la reorganización institucional del sistema interamericano), e involucrándose en temas en los que Brasil claramente eclipsa a nuestro país (energía nuclear, ciencia y tecnología, operaciones de mantenimiento de la paz). Por supuesto, para progresar en muchos de estos asuntos requerimos de un grado de consenso interno del que estamos bastante lejos, pero eso es motivo de otra reflexión.

Tal vez Calderón debería pensarlo dos veces antes de decir, como lo hizo durante su gira, que para la mayoría de los mexicanos nuestro segundo equipo nacional es Brasil.

Calderón en Sudamérica (I)- ¿La Colombianización de México?

 

Calderón y Uribe, 12 de agosto de 2009. Fuente: Presidencia de la República

A pesar de la visión romántica que generalmente se invoca para referirse a nuestros vecinos latinoamericanos, la política exterior mexicana hacia la región está caracterizada por una alta dosis de pragmatismo (a menudo encubierto), que responde mucho más a intereses coyunturales que a un verdadero proyecto de integración continental, un tema del que abundaré en mi siguiente entrada.

Por ahora, quisiera enfocarme en la primera etapa de la gira que el Presidente Calderón efectuó a Sudamérica (12-13 de agosto), misma que lo llevó a Colombia. No es un secreto que Calderón y su homólogo colombiano Álvaro Uribe poseen una cercanía personal basada en su afinidad ideológica. Ambos forman la cara más visible del grupo de países latinoamericanos contrapuestos al bloque formado por Cuba, Venezuela, Brasil y Argentina. Por otro lado, tanto México como Colombia experimentan -aunque con sus respectivos bemoles- escenarios críticos de seguridad provocados por amenazas internas, particularmente el crimen organizado.

Mucho se ha discutido sobre la posibilidad de que México esté transitando hacia un periodo de “colombianización”, entendido como una evolución de los grupos criminales hacia estructuras menos centralizadas, altos índices de violencia y, por supuesto, la tan temida militarización de la lucha al narcotráfico apoyada directamente por fuerzas castrenses extranjeras. Aunque a menudo el argumento de la colombianización ha sido exagerado y forma parte de la agenda capturada de la izquierda, hay que reconocer que sí hay una faceta donde la experiencia de México se acerca a la colombiana y, más que estar relacionada con la naturaleza de la amenaza misma, tiene que ver con la respuesta institucional.

Durante su visita de Estado por Colombia, Calderón y Uribe anunciaron un acuerdo para ampliar un programa pre-existente de capacitación, bajo el cual la Policía Colombiana entrenará a 10 mil policías federales mexicanos en materia antisecuestro.  A menudo Colombia es mencionado como un caso de éxito: mientras que en el año 2000 se produjeron alrededor de 3,500 secuestros, para 2008 la cifra había disminuido a menos de 200. La respuesta colombiana, basada en la unificación de fuerzas policiales y la creación de grupos antisecuestro, ha sido compartida con varios países incluso fuera de América Latina. En todo caso, no sería la primera vez que México emula la estrategia de ese país. Las leyes de extinción de dominio que fueron aprobadas recientemente tanto para el DF como a nivel federal y que facilitan la confiscación de bienes que han sido utilizados para cometer actos ilícitos estuvieron claramente inspiradas en la legislación colombiana, que data del 2002.

Si bien México indudablemente puede beneficiarse de la experiencia colombiana, también debería ser cauteloso al  replicarla. La lucha contra el crimen organizado en Colombia se ha basado en la curiosa doctrina de la “seguridad democrática” que, si bien no tiene su origen en dicho país, ha encontrado en el régimen de Uribe uno de sus más fieles adeptos. Aunque este concepto merece ser discutido a detalle, me limitaré a señalar que, aunque sus defensores lo enarbolan como un replanteamiento incluyente y no autoritario de la idea de seguridad nacional heredada de la Guerra Fría, es un claro reflejo de la debilidad institucional que permea a la mayoría de los países de nuestra región. No es casualidad, por tanto, que sean los países de América Latina -y particularmente Colombia- sus principales impulsores. Una de las premisas centrales de la seguridad democrática es que la construcción de regímenes fuertes puede garantizar el bienestar de sus ciudadanos y protegerlos ante el embate del crimen organizado y otras amenazas de carácter tanto interno como externo.

Convincente, sin lugar a dudas. Sin embargo, existe el riesgo inherente de que el fortalecimiento institucional se logre a costa -paradójicamente- del bienestar mismo de los ciudadanos. La seguridad democrática es perseguida por fantasmas como el paramilitarismo, abusos a los derechos humanos en nombre del combate al crimen organizado y acusaciones de autoritarismo.  

La agenda de seguridad mexicana puede, y debe beneficiarse de las experiencias de sus vecinos. Sin embargo, el intercambio Uribe- Calderón y la posibilidad -aún cuando sea remota- de que México se “colombianice” debería invitarnos a la reflexión sobre la estrategia que nuestro país seguirá en los próximos años en la batalla contra el crimen organizado. En toda agenda de seguridad nacional existe un delicado balance entre las esferas pública y privada. Discusiones como la ocurrida recientemente en el seno de la Suprema Corte respecto al fuero militar, las reformas en materia de seguridad y justicia -que permiten, entre otras cosas la intervención telefónica, y el condicionamiento de Fondos de la Iniciativa Mérida a cambio de un buen desempeño en materia de derechos humanos merecen ser objeto de un mayor escrutinio público.

La democracia no puede ser invocada como un fin en sí mismo,  y mucho menos puede su fortalecimiento justificar el menoscabo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Una democracia aún en consolidación como la nuestra sólo podrá fortalecerse a través de un sistema de contrapesos que, por ahora, parece desdibujarse ante la tentación de un Estado intolerante, pero eficiente.

Impunidad 1: México 0

Mientras nuestro país estaba ocupado festejando la victoria de la Selección Mexicana,  la Suprema Corte de Justicia (SCJN) ordenó la liberación de 20 indígenas acusados de haber participado en la matanza de Acteal, ocurrida en Chiapas en 1997,  uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia contemporánea. El motivo: un proceso plagado de pruebas hechizas, errores y violaciones a las garantías individuales de los acusados.

Acteal merece una reflexión mucho mayor de la que puedo ofrecer en este espacio. Pero dos hechos llaman mi atención: el primero, que la decisión de la Suprema Corte, como admitió el propio ministro José Ramón Cossío, no indica nada respecto a la culpabilidad o inocencia de los acusados, sino que constituye tan sólo una calificación del proceso en sí. Es decir: en 2009, doce años después de ocurrida la tragedia, estamos cada vez menos cerca de la verdad, y a años luz de hacer justicia. Después del fallo Amnistía Internacional se apresuró a exigir una nueva investigación y el esclarecimiento inmediato  de los hechos, ya que resulta obvio que más de una década no ha sido suficiente para lograr siquiera un consenso honesto sobre las causas de los brutales eventos, el papel de las autoridades y los perpetradores materiales. Las tesis divergentes respecto a lo ocurrido han nublado la verdadera naturaleza de Acteal como un hecho imperdonable, y han ocultado tras de sí el rostro de las víctimas y sus familiares.

Y ése es el segundo hecho que debería incomodarnos a todos . Alrededor del dolor y la verguenza colectiva se ha edificado una batalla ideológica entre grupos de izquierda y centro-derecha, confrontando a instituciones académicas como el CIDE -responsable de la defensa de los 20 indígenas liberados- y la revista Nexos con ONGs defensoras de los derechos humanos -particularmente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas- y el periódico La Jornada. Cada uno de ellos se ha “apropiado” del asunto y lo ha hecho parte de su agenda. El resultado: una lluvia de acusaciones y reproches, y un enfrentamiento que no puede sino beneficiar a los culpables de la  matanza a sangre fría de 45 indígenas. ¿Dónde está el frente unido para desenmascarar a las autoridades responsables de semejante aberración judicial? ¿No somos igual de culpables que ellos todos nosotros, si doce años después, al mirar nuestro pasado, todo lo que tenemos son medias explicaciones?

Ayer, cuando miraba a los miles de mexicanos de todos los niveles sociales y extracciones ideológicas festejar en el Ángel de la Independencia el triunfo futbolístico, no pude dejar de pensar en las muchas otras causas que a diario requieren de nuestra misma unidad y, sin embargo, pasan desapercibidas. El fallo sobre Acteal ocurre en un momento en que los derechos humanos han ganado lugar en la agenda y en la opinión pública aunque, desafortunadamente, lo han hecho a base de  sucesos igual de trágicos (la guardería ABC, “Casitas del Sur” y el asesinado periodista Brad Will, por mencionar algunos).

Tristemente, esta noticia me recordó que en México las heridas tardan demasiado en sanar y, en algunos casos, nunca sanan del todo.

América del Norte y la Cumbre de Líderes

Terminó sin bombo y platillo la quinta Cumbre de Líderes de América del Norte en Guadalajara. Ningún anuncio espectacular, ni grandes compromisos.  Y eso era justo lo que se esperaba.

En aras de la objetividad, y sin pretender justificar el carácter anodino de  lo que el semanario británico The Economist calificó como  un “desastroso trío“, rara vez en estos días se produce una cumbre internacional que pueda catalogarse como parteaguas en la vida de las naciones. Eventos como Yalta o Bretton Woods son raros en el mundo contemporáneo. El otrora ubicuo G-8 ha perdido mucho de su carácter y peso original, obligándolo incluso a incorporar al denominado G-5, en un naciente – y confuso-  replanteamiento del orden internacional.

 Hay una serie de razones detrás de ello, pero me limitaré a decir que, en sociedades democráticas, los líderes experimentan cada vez más retos para impulsar incluso sus propias agendas, sobre todo en asuntos controvertidos. Es obvio que hay temas que ni siquiera los presidentes más populares pueden resolver a voluntad. Obama no puede promulgar una reforma migratoria por decreto (usando una “varita mágica”, según sus propias palabras), Calderón no puede suprimir de plumazo a los narcotraficantes, ni Harper podría arreglar de la noche a la mañana el sistema de asilo de Canadá.

En ese sentido, este tipo de eventos internacionales son mucho más útiles porque proporcionan una “instantánea” de las sociedades que en ellos están involucradas, una fotografía del momento que puede dar inicio a la reflexión, la crítica y el intercambio sincero. A menudo, lo que se queda fuera de la agenda es tan importante como lo que está adentro.

Pero, más allá de las limitantes de cualquier reunión de su tipo, queda en evidencia una vez más que América del Norte sigue adoleciendo de instituciones propias que se encarguen de dar seguimiento a los compromisos adquiridos y promover nuevas agendas, un defecto ya histórico. Aquellos que se muestran reticentes a la institucionalización afirman que el modelo europeo es tan sólo un camino, y que norteamérica funciona bajo un esquema de velocidades y prioridades flexibles. Sin embargo, y dejando fuera para efectos prácticos al TLCAN, nuestros tres países aún no han mostrado evidencias de que el modelo que seguimos sea capaz de conseguir más prosperidad y seguridad para sus pueblos que otros existentes. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), foro que dio inicio a la Cumbre de Líderes que acaba de cerrar una más de sus ediciones en Guadalajara, es un paciente con “coma cerebral”, me confiaba un funcionario bien versado de la Cancillería, sin perspectivas claras de revivir en algún momento.

Habiendo dicho lo anterior, quisiera añadir que es muy probable que la próxima Cumbre- a realizarse en Estados Unidos el año próximo-, pudiera darnos algunas sorpresas: entre ellas, una posible ampliación de la Iniciativa Mérida, que pasaría de un programa originalmente planeado para tres años a uno sin fecha de expiración, novedades en el frente migratorio y, en un ánimo optimista, un escenario económico mucho más luminoso.

En conclusión, la recién terminada cumbre debería ser un llamado urgente para repensar – de una vez por todas- hacia dónde se dirige norteamérica, y cuál es el papel que México quiere jugar en ella. Citando un reciente artículo de Jorge Castañeda, es hora de que decidamos el código postal al que deseamos y podemos pertenecer.

 

Harper, Calderón y Obama. Fuente: Presidencia de la República