Cédula de Identidad Ciudadana: ¿Riesgo en potencia?

Cédula de Identidad. Fuente: Paco Calderón

 El 28 de julio el Presidente Felipe Calderón anunció la creación de un documento único de identidad a nivel nacional, que vendría a “complementar” a la credencial para votar con fotografía, hoy por hoy la forma por excelencia de probar en este país que uno es quien dice ser.

Más que concentrarnos en los válidos cuestionamientos que ya han surgido alrededor de esta titánica empresa (duplicación de funciones, altos costos económicos) quisiera profundizar en un asunto que ha recibido poca atención: ¿qué nos puede enseñar la experiencia internacional sobre la creación de un documento único de identidad? Aunque son pocos, los partidarios de su adopción aseguran que países como España, el Reino Unido e Israel lo han implementado con buenos resultados. ¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones? ¿Qué podemos ganar o perder como país?

 Uno de los más sólidos argumentos a favor es el hecho de que permitiría reemplazar el uso de múltiples documentos, algunos de los cuales pueden falsificarse con relativa facilidad. En la India, por ejemplo, donde el gobierno central se enfrenta con la casi imposible tarea de identificar a los destinatarios de programas antipobreza en medio de un laberinto de docenas de documentos oficiales expedidos por la autoridad de cada provincia, la propuesta de una identificación única fue muy aclamada. Sin embargo, en este punto podríamos cuestionarnos si la credencial para votar con fotografía no cumple ya con esa función de facto, si bien es de sobra conocido que no nació con ese propósito.

 Ciertamente, la inclusión de ciertos datos biométricos –especialmente el patrón irrepetible que forma el iris de cada persona- en la cédula de identidad que el Gobierno Mexicano pretende poner en marcha haría del documento uno de los más seguros a nivel internacional  aunque, vale decirlo, los expertos en seguridad coinciden en que aún no hay tal cosa como un documento infalsificable. 

 Sin embargo, centrarnos en la discusión del documento per se nos distrae de una pregunta para la que también podría ser útil la experiencia internacional. Más allá de los beneficios evidentes, ¿qué riesgos entraña la creación de un instrumento único de identificación?

 El primero, y más evidente, es el surgimiento de un mercado negro de documentos originales que pueden o no ser susceptibles de alteración para servir a propósitos menos nobles. Es conocida en México la experiencia con credenciales de elector robadas que son usadas para cometer fraudes. A nivel global existe un enorme y rentable mercado donde pasaportes robados o perdidos de ciertos países, particularmente Estados Unidos y Canadá, pueden venderse por miles de dólares. Más grave aún es constatar que servidores públicos involucrados en la expedición de documentos oficiales pueden caer presa en redes de corrupción. En China, por ejemplo, donde existe un férreo control gubernamental sobre la identidad de los ciudadanos, se han documentado casos de autoridades educativas involucradas en la venta de archivos escolares, que luego son usados en robos de identidad.

 Sin embargo, lo que de verdad debería inquietarnos es la información que respalda un proyecto de este tipo. Cualquier documento único de identidad es inservible sin una base de datos contra la que pueda ser contrastado. Y eso genera una serie de preguntas ineludibles: ¿quiénes serán las autoridades responsables de compilar, ordenar y proteger la información personalísima de millones de ciudadanos? ¿quiénes tendrán acceso a la base de datos, bajo qué condiciones y qué procedimiento se seguirá en caso que se detecte una violación a la integridad de la información?

 La experiencia de otras naciones nos indica que, incluso en aquellos países que consideramos desarrollados, la seguridad de datos tan codiciados deja mucho qué desear. En octubre de 2007, una agencia gubernamental del Reino Unido envió a otra oficina de gobierno dos discos compactos que contenían una base de datos utilizada por el seguro social, con los nombres, direcciones  y cuentas bancarias de más de 25 millones de británicos. Cuando se reportó que los discos no habían llegado a su destinatario y se encontraban perdidos, se suscitó un escándalo de primer nivel que salpicó incluso al Primer Ministro. Justo un año después una computadora portátil del Ministerio de Defensa que contenía los nombres, números de pasaporte, cuentas bancarias y teléfonos de cien mil soldados fue robada, provocando la ira de la opinión pública y la clase política.

 En Israel, durante 2007, información sensible del registro de población nacional que incluía los nombres y direcciones de altos oficiales de seguridad fue publicada en línea, a la mano de cualquier cibernauta. Aunque la policía inició una investigación al respecto, tuvo que cerrarla concluyendo que simplemente “había demasiados sospechosos potenciales”.

 Desafortunadamente, los antecedentes que existen en nuestro país sobre la protección de datos confidenciales no garantizan que este tipo de incidentes podría evitarse por completo. Basta recordar que en marzo de este año, como parte de un proceso de licitación, fue publicada por error en Internet una lista de direcciones de oficinas y nombres de personal que labora en el CISEN,  además de placas vehiculares y armas utilizadas por los máximos responsables de la seguridad nacional en nuestro país. No es un caso aislado. Hace seis años, el IFE se vio involucrado en un escándalo mayúsculo cuando se dio a conocer que la empresa estadounidense Choice Point había comprado (en circunstancias que nunca se aclararon del todo) datos del padrón electoral, caso que fue cerrado en 2006  al concluir que la sustracción de información de bases de datos no era un delito grave.

 Aún asumiendo, en un escenario demasiado optimista, que la base de datos se encontraría completamente segura en manos de nuestras autoridades, ¿quién podría garantizarnos que ésta no sea usada con propósitos distintos a los que motivaron su creación?  En julio de este año, el Presidente Calderón dirigió una carta a cientos de miles de derechohabientes inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social para explicar las bondades de la reforma al sistema de pensiones, hecho que causó doble sospecha porque tuvo lugar poco antes de las elecciones federales. Más tarde, en plena campaña electoral, la entonces presidenta del PRI y candidata a diputada federal Beatriz Paredes utilizó información del Registro Federal de Electores para promover el voto a favor de su partido.

 Por último, e incluso si el documento fuera implementado sin contratiempos y la base de datos jamás fuera utilizada para propósitos distintos,  ¿cómo ayudará a proteger al mexicano común y corriente? ¿en verdad funcionaría como un disuasivo para lo grupos criminales? Como bien apuntan varios analistas, la existencia de un documento único de identidad en España, que es otro país frecuentemente utilizado como ejemplo, no pudo evitar los incidentes del 11-M (de hecho, dos de los involucrados poseían documentos falsos que pasaron desapercibidos para las autoridades).

 Después de constatar esta experiencia, no podemos evitar cuestionarnos ¿Qué nos espera a nosotros?

 A menos que el gobierno pueda dar respuestas a todas estas preguntas, el proyecto de la cédula de identidad corre el riesgo de convertirse no sólo en un elefante blanco, sino en uno peligrosamente radioactivo.